El programa se justifica por cuanto hay necesidad de especializar profesionales en el área de la Hacienda Pública para la región Caribe y el país; además, el programa está en consonancia con el PEI y la misión de la institución y se garantiza su sostenibilidad por la demanda potencial del programa.

Los enfoques sobre administración de las finanzas públicas a escala mundial, son tan antiguos como los temas sobre administración del Estado. Como se puede apreciar, son dos asuntos que avanzan simultáneamente conjugándose al final de cuentas, en la función misional integral del Estado.

En el ámbito regional el problema relacionado con la gestión y manejo de la Hacienda Pública se comienza a materializar a mediados de la década de los ochentas del siglo XX, cuando se aprueba el Acto Legislativo No. 1 de 1986 que institucionaliza la descentralización administrativa y fiscal de la nación y se establece la elección popular de alcaldes.

El Acto Legislativo No. 1 de 1986, instauró en Colombia el situado fiscal como una transferencia de la nación a los departamentos, para financiar los gastos en educación primaria y salud. Estas funciones se continuaron administrando en forma centralizada a través de los Fondos Educativos Regionales (FER) y de los Servicios Seccionales de Salud (SSS), lo que generó ineficiencias en la prestación de los servicios públicos, falta de cobertura y mala calidad.

Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se fortaleció en Colombia el modelo descentralista, más inclinado hacia el encogimiento público local. En términos de responsabilidades y recursos, se estructuró la asignación de competencias interterritoriales, se modificó la política del situado fiscal y se definieron criterios para su distribución y además se incluyeron reformas al régimen de regalías, destacándose la creación del Fondo Nacional de Regalías.

Con la creación de los Fondos de Regalías, se genera en la costa Caribe un problema y es que los actores armados al margen de la ley, intervienen disimuladamente a las administraciones públicas en todos sus niveles, sustrayendo recursos del presupuesto municipal, lo que incide negativamente en los niveles de desarrollo mostrados por estos entes territoriales, en donde el 50 % de la población se encuentra en condiciones de miseria y pobreza.

Así mismo, la ampliación de los espacios de participación ciudadana prevista en la Constitución de 1991, ha traído como consecuencia mayores controles a la administración pública y por ende al manejo de los recursos económicos del Estado. Igualmente, la elección popular de los gobernantes regionales y locales, si bien ha marcado un importante avance político, ha llevado a numerosos conflictos de carácter jurídico, social y financiero, en virtud de la limitada capacidad de los dirigentes para abordar integralmente una gestión adecuada de los recursos públicos.

Según el PNUD Las Nuevas Finanzas Públicas: respondiendo a los Desafíos Mundiales’ muestra cómo los gobiernos pueden responder a partir de herramientas creativas basadas en incentivos, de manera sostenible y a costos más razonables, los desafíos que surgen en el ámbito internacional como son la gripe aviar, el terrorismo o el cambio climático.

Es evidente que las reformas fiscales en Colombia, derivadas de la Constitución Política de 1991, no han estado orientadas a establecer mayor autonomía fiscal de los gobiernos nacionales, sino más bien a “mejorar la efectividad del gasto público nacional mediante la canalización de un importante volumen de recursos hacia las regiones.

Es evidente que el sistema de tributación centralizado y gasto descentralizado imperante en Colombia ha generado serios problemas de desequilibrio fiscal, como generación de abultados déficit y acumulación de grandes deudas por parte de las entidades territoriales. El endeudamiento de las entidades territoriales ha sido creciente en la medida en que los gobiernos locales están autorizados para contraer créditos con el sistema financiero.

La Corporación Universitaria del Caribe, consciente de esta realidad que se observa en las agencias gubernamentales y, que en general se extiende a toda la estructura del estado, en los diferentes niveles de la organización política, ha estructurado el presente programa de especialización, como un aporte a la cualificación del dirigente público colombiano, y en especial el que se desempeña en el área de las finanzas públicas, para que esté en capacidad de incorporar las técnicas y destrezas más innovadoras de la administración de las finanzas del Estado, a partir de una comprensión de los fenómenos socioeconómicos y financieros que determinan el funcionamiento del Estado y del conocimiento del marco constitucional.

El programa de especialización en Gerencia de la Hacienda Pública, asume el reto de formar en la región Caribe, un especialista altamente comprometido con su comunidad; que comprenda plenamente las tendencias de la gestión eficiente de los recursos, de tal suerte, que el impacto positivo de su ejercicio en el conjunto de instituciones municipales, departamentales y nacionales permitan redimir a amplios sectores de la sociedad.